Sábado 26 de abril de 2025
El presidente Nayib Bukele de El Salvador ha declarado una nueva ofensiva contra los cárteles oligopólicos y las mafias como parte de un esfuerzo para sanar la economía familiar y combatir la pobreza en el país, a pesar de enfrentar críticas y condenas de la comunidad internacional. Bukele destacó que, al igual que con la exitosa estrategia contra las pandillas que transformó la seguridad en El Salvador, ahora buscará implementar medidas efectivas para enfrentar las prácticas ilícitas que afectan los precios de alimentos agrícolas.
«Cuando comenzamos nuestra guerra contra las pandillas, recibimos muchos ataques y condenas de la comunidad internacional», recordó el mandatario, señalando que estas críticas no disuadieron al gobierno de implementar políticas que resultaron en una notable mejora en la seguridad nacional. «Esta vez, estamos aplicando nuestra propia receta para abordar nuestras realidades económicas y sociales, buscando poner fin a la pobreza y proteger los ingresos de las familias salvadoreñas».
El presidente subrayó que las medidas recientes incluyen inspecciones intensificadas por parte de la Defensoría del Consumidor en mercados locales para detectar prácticas de especulación y acaparamiento que han inflado injustificadamente los precios de productos esenciales como papas, pipianes, güisquiles, tomates y chiles verdes.
El presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, informó sobre más de 3,900 verificaciones a nivel nacional y la apertura de 125 investigaciones contra proveedores sospechosos de aumentos injustificados de precios. «Estamos tomando medidas firmes contra aquellos que obstaculizan nuestras investigaciones, con multas que pueden alcanzar hasta 500 salarios mínimos», afirmó Salazar, destacando que ya se han impuesto multas superiores a $320,000 en 88 casos por prácticas injustas de precios.
Se espera que los primeros resultados de estas acciones se conozcan en los próximos días, mientras la administración de Bukele intensifica sus esfuerzos para asegurar la estabilidad económica y proteger los intereses de los consumidores en El Salvador.
