Domingo 10 de noviembre de 2024
La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España ha recomendado al gobierno español que no extradite a El Salvador a un terrorista perteneciente a la pandilla 18, a pesar de que fue condenado en abril de 2023 a tres años y cuatro meses de prisión por el delito de agrupaciones ilícitas en perjuicio de la paz pública en El Salvador.
Según informa el diario español “el Periódico”, el ministerio público español justificó esta recomendación en un escrito donde explica que “la situación actual” en El Salvador “resulta ser un compendio de todas las vulneraciones posibles de derechos procesales fundamentales” y que existe un “estado penitenciario calamitoso”.
El medio detalla que en la audiencia celebrada el pasado miércoles en la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, no se juzgaron los delitos presuntamente cometidos por el acusado, sino que se valoró si existen las garantías procesales mínimas en El Salvador para asegurar un juicio justo.
El informe de la Fiscalía salvadoreña revela que el imputado fue colaborador activo de la pandilla 18 entre 2012 y 2016, desempeñando el rol de “poste” para alertar sobre actividades policiales mientras la pandilla llevaba a cabo reuniones para planificar extorsiones, venta de drogas y adquisición de armas utilizadas en homicidios.
La decisión de la Fiscalía española de no extraditar al pandillero debido a presuntas vulneraciones de derechos contrasta con informes de comitivas internacionales que han verificado las condiciones carcelarias y han confirmado el respeto a los derechos de los reclusos.
Uno de los testigos de este buen trato a los reclusos es el senador estadounidense Tom Cotton, quien durante su visita al Centro del Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en marzo de este año, constató el respeto a los derechos de los privados de libertad, contradiciendo las afirmaciones de grupos de oposición. El legislador mencionó que los terroristas no son víctimas y respaldó los esfuerzos del presidente Bukele para restaurar el orden y el Estado de derecho en El Salvador.